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Por Allan Sevilla Mora
Céd. 105250813
Asevilla1959@gmail.com

El fin de semana anterior trascendió en redes la improbación, por parte de la Dirección Jurídica de la Municipalidad, del refrendo interno para la compra de uniformes deportivos, lo que afecta indudablemente a los jóvenes que representen a Curridabat en los próximos juegos nacionales.

La razón es muy clara, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat, ha venido incumpliendo la ley en los procesos de contratación, pues tiene una obligación ineludible de utilizar el SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) que es una plataforma del Estado costarricense para todas las entidades públicas. Para ello, debe utilizar dicha plataforma a través del departamento de Proveeduría Municipal, como una dependencia más. Sin embargo, no es la única contratación que han tramitado al margen de la normativa, pues si revisamos el portal de la Contraloría General de la República en la pestaña del comité, podemos observar una ejecución de aproximadamente 200 millones, casi la mitad de su presupuesto.

Hay que recordar que a fines del año pasado se hizo efectiva la renuncia de una integrante del comité, lo que complicó el funcionamiento de la junta directiva ya que ésta no puede reunirse si no están todos sus miembros, (quórum totalitario) de conformidad con el artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública. De ahí que el Concejo, por mayoría calificada, dispuso iniciar el proceso para sustituir lo antes posible a la dimitente. No obstante, surgieron voces exigiendo y presionando al Concejo, léase a los 5 regidores, para que permitieran funcionar a la junta en esas condiciones, hecho que acarreada consecuencias legales, incluso penales para los ediles, como también para los integrantes del comité que al margen de la ley comprometiesen los recursos públicos.

La presión fue tan fuerte, que inclusive el propio director jurídico cambió su criterio, posiblemente por instrucción del alcalde, llegando al cinismo de recomendar bajo la premisa del principio de razonabilidad sobre rl principio de legalidad, que tiene rango constitucional, el cual consiste en que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está escrito en la Ley. Tremenda embarcada querían pegarle a los regidores.

Se ha insistido en que el quórum (o cuorum, ya está aprobado por la RAE) no es totalitario. Empero, si eso fuera así, no habría en trámite de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para modificar los artículos 49 y 53 de la Ley General de la Administración Pública, expediente #24492, a fin de solventar ese inconveniente, (no hay órgano si éste no está completo) que se da cuando hay renuncia de un miembro del colegio (órgano colegiado), no cuando estando completo uno de sus integrantes se ausenta. Otra muestra de que el quórum es totalitario está en el hecho que la auditoria municipal recogió los libros de actas para evitar que se dé un mal uso de ellos.

De otro lado, y a raiz de esta coyuntura, comenzaron a surgir otras irregularidades que se han dado en el seno del Comité Cantonal de Deportes, también relacionadas con procesos de contratación. Trascendió que la junta directiva venia ninguneando a la contadora del comité, señora Xiomara Campos, con 12 años de ejercer el cargo en ese organismo, hasta wue decidieron iniciar un proceso concursal para contratar esos servicios profesionales. Y viene la sorpresa: participa la señora Campos, otra profesional de nombre Shirley Rodriguez y el señor Carlos Achong, quien resulta beneficiado con el puntaje, a pesar de que era superado por Campos y Rodriguez. Incluso, le validaron como experiencia su puesto de Tesorero en la junta directiva del Comité Cantonal de Deportes de LA UNIÓN. Ni siquiera vecino de Curridabat. Pero, eso sí, hermano del señor Mario Achon Lao, dirigente del Partido Gente Pro Curri, (¿Convergencia Cantonal?) del señor Luis Ulderico Monge Díaz y di autonombrado asesor de cabecera, José Solano Saborío. Esto es gravísimo.

Y si de gravedad de factos hablamos, resulta que también exoneraron a algunas asociaciones deportivas, del pago que le corresponde a estas pagar por el uso de las instalaciones deportivas. En en Reglamento del Comité expresamente está prohibido, incluso el Código Municipal es claro en esa materia, porque ni los mismos concejales pueden acordar ningún tipo de exoneración.

Tal parece que los restantes miembros del comité se enfrentarán en los próximos meses a una inminente destitución.

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